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El año de las controvertidas sentencias sobre los gastos hipotecarios, el IRPH y la plusvalía municipal

El 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció sobre la abusividad de la cláusula de los contratos hipotecarios que incluye el reparto de los gastos de formalización del préstamo entre prestamista y prestatario.

Y la postura del Tribunal de Luxemburgo fue sometida a una interpretación diferente: por un lado, las asociaciones que defienden a los consumidores y los letrados aseguraban que el fallo europeo significaba que la banca debía devolver a los consumidores todos los gastos hipotecarios (exceptuando el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados -AJD-) si estaban vinculados a una cláusula abusiva, lo que suponía una ruptura con el criterio del Tribunal Supremo, que a principios de 2019 repartió a medias los gastos hipotecarios entre cliente y banco: al consumidor le correspondía el pago del AJD, así como el 50% de los gastos de notaría y el 50% de los gastos de la gestoría. A la entidad, en cambio, le correspondía la mitad de notaría y gestoría, así como el 100% del gasto de inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, la banca y el propio Tribunal Supremo interpretaron la sentencia del TJUE de forma diferente, al considerar que únicamente refrendaba la teoría del Alto Tribunal español y ese reparto salomónico. De hecho, el sector financiero se apresuró a afirmar que el impacto del fallo sería muy limitado.

La interpretación libre de los gastos hipotecarios

Apenas una semana después de conocer el fallo del tribunal europeo llegaron las primeras sentencias que se apoyaban en la tesis del TJUE, y no en la del Supremo, como por ejemplo las emitidas por la Audiencia Provincial de Las Palmas y el Juzgado de Primera Instancia nº18 BIS de Málaga, que consideraron abusivo el reparto de los gastos de formalización de los préstamos; o el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena, que declaró nula la comisión de apertura del préstamo.

La última novedad al respecto llegó de la mano del propio Tribunal Supremo, que a finales de octubre dictó una sentencia en la que cambió el reparto de los gastos hipotecarios que había defendido durante casi dos años y obligaba al banco a asumir el 100% de los gastos de la gestoría. Por tanto, los consumidores ahora podrán reclamar el 100% de la gestoría, el 100% del registro y el 50% de la notaría.

Durante los últimos meses, abogados y asociaciones de consumidores han alertado de que estos diferentes criterios judiciales estaban provocando inseguridad jurídica y han mostrado su preocupación por el efecto disuasorio que ésta podría tener en los consumidoresa la hora de reclamar el dinero pagado de más en el momento de formalizar sus hipotecas.

Como ejemplo de este caos judicial, destaca el plazo para que el hipotecado recupere las cantidades pagadas de más. Y es que, a pesar de que no prescribe su derecho a reclamar, las consecuencias derivadas de dicha declaración de nulidad, o los efectos restitutorios o devolución de los importes abonados indebidamente, están envueltas en una gran inseguridad jurídica. Dependiendo del criterio del tribunal en cuestión, la fecha límite mínima para reclamar estaría entre el 28 de diciembre de 2020 y la imprescriptibilidad (es decir, siempre, porque no prescribe). En este sentido, los abogados piden al Tribunal Supremo que se pronuncie para crear doctrina.

El fiasco del IRPH: no es transparente, pero tampoco abusivo

Pero las sentencias sobre los gastos hipotecarios no han sido las únicas que han levantado ampollas entre consumidores, asociaciones y letrados. También ha estado envuelta en polémica la decisión del Tribunal Supremo sobre el índice IRPH de las hipotecas que, de haber sido declarado abusivo, habría supuesto un varapalo para la banca, al verse obligada a devolver miles de millones de euros a los consumidores. El mercado hablaba de un impacto cercano a 16.000 millones de euros, cifra que superaba a la de las cláusulas suelo.

En marzo, el Tribunal de Justicia de la UE dejó en manos de los tribunales nacionales decidir sobre la posible abusividad del índice hipotecario.  El fallo en España estaba marcado en el calendario para el 30 de septiembre, aunque tuvo que posponerse por el aislamiento preventivo del presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán, tras haber estado en contacto con un caso positivo de covid-19. La decisión se conoció tres semanas después y fue un jarro de agua fría. A pesar de que el Alto Tribunal apreciaba falta de transparencia, no lo consideró abusivo.

A mediados de noviembre se conoció la sentencia completa del Alto Tribunal, así como sus razones para no declarar abusivo el IRPH. Entre ellas, que los bancos no ofrecen a los clientes este índice de mala fe, que la publicación del índice en el BOE le convertía en comprensible para los consumidores o que una evolución desfavorable del IRPH no era razón suficiente como declararlo abusivo. Además, insistió el Supremo, la posibilidad de manipular el indicador no es superior a la de otros indicadores como el euríbor, cuya fijación también está en manos privadas.  Ante estos fundamentos, desde reclamador.es o el despacho G&G Abogados insistieron en el perjuicio económico de la sentencia para los consumidores e insinuaron que parecían existir intereses económicos ocultos.

El valor de los inmuebles no se puede actualizar con el IPC

Suma y sigue, porque las decisiones controvertidas del Supremo han ido más allá del terreno hipotecario y han afectado a uno de los impuestos más famosos de los últimos tiempos: la plusvalía municipal.

A finales de noviembre se conoció la postura del Alto Tribunal sobre actualizar el valor de los inmuebles conforme al IPC para evitar pagar la plusvalía municipal tras vender o heredar un inmueble, una posibilidad que sin embargo no contempla el Supremo, en contra de lo que han considerado Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia y Zaragoza, o el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según el despacho de abogados Ático Jurídico, “esta sentencia supone un auténtico varapalo para los contribuyentes, y entierra una de las últimas opciones que había de evitar pagar el impuesto, en el caso de transmisiones en las que se haya verificado una ligera ganancia”.

También en materia de este impuesto, el Supremo ha cerrado la puerta a todos aquellos contribuyentes que tenían la esperanza de que se les devolviera el pago de la plusvalía municipal con la venta de un inmueble, pese a no haber recurrido en su momento la liquidación del Ayuntamiento correspondiente. En concreto, el Alto Tribunal afirmó en mayo que no procede la nulidad de las liquidaciones firmes de la plusvalía pagada tanto en una venta a pérdidas como en ganancias.

Las buenas noticias de 2020

Dejando a un lado las sentencias, 2020 también ha dejado algunas buenas noticias relacionadas con los tribunales. Y una de ellas es que se ha prorrogado el funcionamiento de los juzgados especializados en cláusulas abusivas de las hipotecas en prácticamente toda España, y que los consumidores pueden seguir acudiendo a ellos para reclamar los importes pagados de más en concepto de cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, cláusulas de vencimiento anticipado o los gastos de formalización de los préstamos.

En el caso concreto del Tribunal Supremo, y además de obligar a la banca a asumir el 100% del gasto de la gestoría en la formalización de las hipotecas, también destacan algunas sentencias positivas para los contribuyentes, como su decisión de atar en corto a Hacienda y establecer unos requisitos para hacer inspecciones en domicilios y empresas. En verano también anuló la obligación de informar al fisco sobre la cesión de un piso turístico, y habilitó una vía exprés para que los ciudadanos pudieran solicitar la devolución de ingresos indebidos a los contribuyentes en materia tributaria. Por último, ha dictado sentencia a favor de devolver la cláusula suelo a los autónomos.

Fuente: idealista.com

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